GOBIERNO PLANTEA NUEVO RÉGIMEN LABORAL: ¿QUÉ PASARÍA CON LOS SUELDOS Y BENEFICIOS?
La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso y pone nuevamente en debate las condiciones de contratación formal en el sector privado.
El Gobierno de Keiko Fujimori avanzó con la propuesta de establecer un nuevo régimen laboral único para el sector privado, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas (MYPE). La iniciativa busca incentivar la contratación formal mediante un esquema en el que determinados derechos laborales puedan aplicarse de manera progresiva. El planteamiento forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso.
La propuesta plantea reemplazar los actuales tratamientos diferenciados según el tamaño de las empresas por un régimen único y progresivo. Bajo este esquema, las obligaciones laborales aumentarían de acuerdo con la capacidad económica y productiva de cada empresa. El objetivo es establecer condiciones más previsibles y simplificadas para facilitar la contratación formal.
Un régimen laboral con beneficios progresivos
El nuevo sistema contemplaría una aplicación progresiva de distintos componentes de la relación laboral. Entre ellos figuran la remuneración, vacaciones, gratificaciones, CTS, asignación familiar y el pago por trabajo en sobretiempo. También se incluyen el seguro de vida-ley, participación en utilidades, seguridad social en salud y aportes previsionales.
De acuerdo con la propuesta, una empresa con menor capacidad económica podría asumir inicialmente menores costos laborales. Estos compromisos aumentarían posteriormente conforme mejore su capacidad productiva y económica. El Ejecutivo considera que este mecanismo permitiría reducir las barreras que enfrentan las empresas más pequeñas para incorporar trabajadores al mercado formal.
El Gobierno sostiene que el actual régimen especial para las MYPE no se ha convertido en un mecanismo eficaz y sostenible de transición hacia la formalidad. Por ello, plantea sustituirlo por un sistema que facilite la incorporación de trabajadores que actualmente no cuentan con un vínculo laboral formal. La reforma también contempla registros simplificados para realizar seguimiento al empleo formal y la cobertura de derechos.
¿Los trabajadores recibirían menos beneficios?
Uno de los principales puntos de debate es que determinados beneficios laborales podrían aplicarse inicialmente de manera progresiva. Así, una persona que ingrese a una empresa acogida al nuevo régimen podría comenzar con menores beneficios que los previstos en el régimen general. Las condiciones concretas dependerían de lo que finalmente establezca la norma.
La propuesta establece que los derechos laborales aumentarían posteriormente en función de criterios objetivos vinculados con la capacidad económica y productiva de cada empresa. Sin embargo, el planteamiento ya genera cuestionamientos entre especialistas laborales. El exviceministro de Trabajo Fernando Cuadros calificó anteriormente una propuesta similar como una “medida regresiva” y advirtió sobre el riesgo de reducir derechos laborales.
Otro aspecto relevante es la situación de los trabajadores que ya cuentan con un vínculo laboral. El Ejecutivo señala que el nuevo régimen no afectaría las relaciones laborales vigentes y que estaría orientado principalmente a quienes se encuentran fuera del sistema formal y a nuevos emprendedores. No obstante, queda abierto el debate sobre cómo evitar que una empresa despida trabajadores para luego reincorporarlos bajo las nuevas condiciones.
La reforma busca reducir la informalidad
La reducción de la informalidad constituye el principal argumento del Gobierno para impulsar esta reforma laboral. El Ejecutivo sostiene que el régimen especial de las MYPE no ha producido los resultados esperados y plantea modificarlo mediante un sistema que reduzca inicialmente los costos asociados a la contratación formal.
La propuesta todavía deberá ser evaluada por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La solicitud contempla facultades por 120 días en 66 materias, dentro de las cuales se encuentra este planteamiento laboral. Si el Parlamento las aprueba, el Gobierno podrá avanzar con la regulación del nuevo marco y definir los niveles progresivos de remuneraciones y beneficios. (Perú Retail)
