CORRUPCIÓN EN LA LIBERTAD: IMPACTO EN EL AVANCE ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL

Esta problemática genera desconfianza y afecta la calidad de vida. La falta de transparencia en el uso de los recursos públicos impide que los servicios básicos lleguen a quienes más los necesitan.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en La Libertad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al segundo semestre de 2024, la región registraba 161 expedientes por casos de corrupción en trámite. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), esta situación no solo deteriora la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, sino que también impacta directamente en su calidad de vida. La falta de transparencia en la gestión pública y el desvío de recursos destinados a servicios esenciales agravan las condiciones de quienes más necesitan del Estado para garantizar su bienestar.

Las cifras evidencian la gravedad del problema. Según la Procuraduría, al cierre de 2024, La Libertad ocupó el puesto 12 a nivel nacional en número de casos de corrupción. Aunque no lidera la lista, la región registró 1,930 casos, lo que representa el 3% de los más de 57 mil reportados en todo el país.

“La corrupción ocurre cuando funcionarios públicos, sin importar su jerarquía o área de trabajo, utilizan su cargo para obtener beneficios personales. Esto puede manifestarse a través de la aceptación de regalos, sobornos o favores indebidos. Cuando estas prácticas se vuelven comunes, la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones y en sus representantes, quienes dejan de ser percibidos como servidores del bien común para convertirse en figuras que anteponen sus intereses personales a las normas y responsabilidades del cargo. Esta pérdida de confianza debilita la legitimidad y el adecuado funcionamiento del Estado”, indicó Carlos León, economista de REDES.

Según la Procuraduría, los delitos de corrupción más frecuentes en La Libertad fueron el aprovechamiento indebido del cargo (566 casos), cuando un funcionario toma decisiones que benefician sus intereses personales en lugar de los de la ciudadanía; el peculado (411), que es el robo o mal uso de fondos públicos por parte de un servidor público; la colusión (367), que ocurre cuando funcionarios se alinean con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras o servicios; y el cohecho (207), que es el soborno, cuando alguien ofrece o recibe dinero o favores a cambio de un favor ilegal.

“El daño ocasionado por la corrupción significa que las autoridades dejan de proveer a la ciudadanía servicios públicos esenciales, lo que afecta gravemente la mejora de la calidad de vida y la equidad social de todos los peruanos. Por ejemplo, si los recursos destinados a mejorar escuelas u hospitales se desvían, las personas se quedan sin acceso a una educación de calidad o atención médica adecuada. Entre los hogares donde hay pobreza, la falta de estos servicios básicos es aún más devastador”, explicó León. Según el INEI, la pobreza monetaria en La Libertad alcanzó el 31% en 2023, ubicando a la región en el décimo lugar a nivel nacional. En este contexto, los casos de corrupción agravan aún más la situación de la población más vulnerable. Como advierte el economista, en un entorno marcado por la corrupción, los recursos públicos destinados a servicios esenciales no se asignan de forma eficiente ni equitativa, lo que profundiza la desigualdad en su acceso. Las personas en situación de pobreza, que dependen principalmente de los servicios públicos por su limitada capacidad para acceder a alternativas privadas, resultan ser las más perjudicadas, al ver restringido su derecho a una atención oportuna y adecuada.

El efecto de la corrupción en el desarrollo local

En La Libertad, el 71,3% de la población desaprueba a sus Gobiernos Locales, superando el promedio nacional (64,2%), evidenciando una baja credibilidad y legitimidad. Esto se explica en la corrupción de las autoridades, ya que, hasta diciembre de 2024, los Gobiernos Locales fueron los que registraron el mayor número de casos de corrupción en la región. Según la Procuraduría, en La Libertad, las municipalidades distritales fueron las que acumularon más casos, con 719, seguidas por las municipalidades provinciales con 451 casos.

Por ejemplo, cuando un alcalde anuncia la mejora de veredas que están agrietadas, dañadas o pendientes de construcción, pero los recursos asignados no se gestionan de forma adecuada, las obras no se concretan y las veredas permanecen en mal estado. Muchas personas enfrentan a diario la dificultad de salir de sus casas y encontrarse con veredas inexistentes o con huecos, lo que incrementa el riesgo de caídas y accidentes. Esta falta de transparencia en el uso de los recursos públicos no solo retrasa mejoras urgentes, sino que también erosiona la confianza de los vecinos en sus autoridades locales.

“La falta de claridad sobre cómo se gestionan y utilizan los recursos públicos genera incertidumbre tanto en los ciudadanos como en los inversionistas. Grandes empresas y pequeños emprendedores pueden percibir este escenario como un obstáculo, lo que desincentiva la inversión y el desarrollo económico. Por ello, es fundamental impulsar campañas de sensibilización sobre el impacto de la corrupción, así como implementar herramientas efectivas como redes de vigilancia ciudadana y canales de denuncia accesibles. No podemos normalizar la corrupción, ya que limita las oportunidades de progreso y socava la confianza en las instituciones”, precisó el economista de REDES.