UNO DE CADA DOS LIBERTEÑOS VIVEN EN POBREZA O AL BORDE DE ELLA
Aunque se ha registrado una leve mejora, la falta de empleo formal y los bajos ingresos mantienen a más de 1.2 millones de personas en situación económica precaria en la región.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, en La Libertad, más de 1.2 millones de personas (56% de la población) enfrentan una realidad económica difícil que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida. De ese grupo, casi 655 mil liberteños ya viven en situación de pobreza, según el último reporte publicado por el INEI.

Pero no son los únicos en riesgo. Hay otras 559 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, se concluye que más de la mitad de los habitantes en la región viven en pobreza o están en riesgo constante de entrar en ella.
Carlos León, economista de REDES, señaló que si bien la pobreza se redujo ligeramente en el último año (-1.4%), resulta muy insuficiente por la grave situación del departamento. “El aumento en los ingresos ha sido mínimo y ha quedado absorbido por el mayor costo de vida, por lo que muchas familias no perciben una mejora real. La reducción de la pobreza es más un efecto rebote tras el mal año económico de 2023. Es decir, las cifras mejoraron porque partíamos de un nivel bajo, pero la situación sigue peor que en 2022 y aún más grave que antes de la pandemia. Si seguimos avanzando lentamente, podrían pasar hasta 20 años para volver al nivel de pobreza de 2019, que era del 25% en la región”, agregó.
Recordemos que la pobreza monetaria se calcula según lo que una familia puede gastar, no solo por lo que gana, sino por cuánto puede cubrir en alimentos, vivienda, transporte y otros gastos básicos. Hoy, de acuerdo con datos a nivel nacional, se estima que una familia peruana promedio necesitaría contar con al menos S/1,816 para su subsistencia. Si su capacidad de gasto está por debajo de ese monto, se considera que la familia se encuentra en condición de pobreza.
Uno de los factores que más obstaculiza ese progreso es el empleo, y en específico la falta de empleo formal. “Para impulsar la creación de empleos de calidad, es fundamental incentivar la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos con alto potencial, como la agricultura y el turismo. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, confianza empresarial y un marco normativo claro y predecible. Sin empleo formal y bien remunerado, es prácticamente imposible reducir la pobreza”, señaló el especialista.
Precisamente, el 98% de quienes viven en pobreza extrema trabajan en el sector informal. Este grupo, que incluye a alrededor de 142 mil liberteños, no tienen las posibilidades de cubrir una canasta mínima de alimentos (S/ 1,024 para una familia). Además, son quienes más sufren por la falta de comida, problemas de salud y dificultades para acceder a una buena educación. A ello se suma un acceso muy limitado a servicios esenciales: solo el 17.3% de personas en condición de pobreza extrema tiene agua segura, y menos del 20% cuenta con conexión a internet, reduciendo sus posibilidades de desarrollo y competitividad.
Balance nacional: zonas rurales en alerta
En el país, el 28% de la población vive en condición de pobreza, mientras que otro 32% se encuentra en condición de vulnerabilidad económica, es decir, en riesgo de caer en ella. Cajamarca es la más afectada por tercer año consecutivo, con el 45% de su población en pobreza. En lugar de mejorar, su situación empeoró el último año. Además de Cajamarca, otras dos regiones –Arequipa y Ucayali– también registraron un aumento en la pobreza, en gran parte por los malos resultados del sector agropecuario, que es el principal sustento de muchas familias en esas zonas.
En ese sentido, los ámbitos geográficos con mayor pobreza son la sierra rural y la selva rural, donde la pobreza alcanza el 42.5% y el 37%, respectivamente. La falta de empleo formal y servicios básicos limita las oportunidades, al igual que el acceso restringido a salud, la precaria infraestructura educativa y la baja presencia del Estado.
“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con enfoque en las provincias más golpeadas y reglas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó León.