CONTINUIDAD EDUCATIVA EN RIESGO: UNIVERSIDADES AL 100% PRESENCIAL

Continuidad educativa en riesgo: Gobierno da solo dos meses o menos para que universidades se adecúen a la enseñanza 100% presencial

El viernes 17 de junio, el Ministerio de Educación (Minedu) sorprendió a la comunidad educativa universitaria con la publicación de una resolución viceministerial que obliga a las universidades públicas y privadas a adelantar a agosto de este año (o incluso antes en el caso de algunas) el retorno a la modalidad autorizada en su licencia institucional, que en la práctica implica volver a la presencialidad. Con esto, la educación superior se está enfrentando a una nueva disrupción, con un cambio de reglas de juego de forma inesperada y precipitada. 

Esta norma deroga una anterior emitida por el mismo Minedu que permitía un retorno más gradual a la presencialidad y que estaba en línea con lo aprobado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a finales del 2021. Dicha norma permitía que hasta el 31 de diciembre de 2022 las universidades definan los porcentajes de virtualidad de sus programas sin necesidad de un cambio formal de modalidad -licenciamiento-. 

Estos dos años de pandemia obligaron a las universidades a acelerar el proceso de implementación de la educación virtual en el país, que, a pesar de los retos que implica, cuando se hace de manera planificada permite democratizar la educación y dar pasos enormes hacia la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Esto beneficia sobre todo a aquellos alumnos que no tienen acceso presencial a una óptima calidad de educación; a estudiantes con algún tipo de discapacidad a los que se les complica el traslado; madres y padres de familia que trabajan o cuidan a sus hijos, y que necesitan flexibilidad de horarios. Asimismo, a jóvenes de familias ingresos bajos para los que movilizarse casi todos los días implica un gasto extra significativo en transporte y alimentación. 

Así, la medida del Gobierno puede afectar la continuidad y la calidad del servicio educativo durante el segundo semestre académico del 2022, en un contexto en el que la matrícula en universidades públicas y privadas todavía se encuentra por debajo de niveles prepandemia. Actualmente, existen aproximadamente un millón de estudiantes que están siguiendo sus estudios de manera híbrida. La logística y la capacidad de la infraestructura universitaria no están preparadas para recibir al mismo número de estudiantes de manera presencial. Las universidades se estaban preparando para un retorno a una nueva normalidad a partir del 2023 que implique un mayor peso de la semipresencialidad; la cual permite aprovechar los beneficios que el uso de medios digitales ha traído para los estudiantes, así como inversiones en infraestructura e implementación de protocolos adecuados que velen por la seguridad de los alumnos. 

En opinión de APOYO Consultoría, lo más adecuado es que se mantengan los plazos establecidos inicialmente. Consideramos importante el retorno gradual a la presencialidad en la educación universitaria, complementada con esquemas virtuales. Sin embargo, el cambio intempestivo que ha realizado el Minedu no toma en cuenta el daño que se le puede estar causando a los principales actores del sistema que son las universidades y sobre todo los alumnos.

El adelanto de la presencialidad no beneficia a los estudiantes y afectaría la matrícula y la calidad de la educación en el segundo semestre del 2022.

• El cumplimiento de las normas sanitarias por la COVID-19 vigentes limita el aforo de las universidades y su capacidad de atender a los estudiantes. La norma aprobada no estuvo acompañada de una normativa sanitaria específica. Así, las universidades tendrían que adecuarse a las disposiciones generales vigentes. En un entorno de una cuarta ola de contagios confirmada por el Minsa, es probable que las normas restrictivas de aforo y distanciamiento se mantengan, lo que generará que la universidad deba matricular a una menor cantidad de alumnos, pues no se podrá atender al mismo número de estudiantes por clase. 

• La presencialidad implica un mayor costo para el alumno. En el 2021, 37% de las personas entre 17 y 24 años graduados de secundaria o con educación universitaria incompleta declararon que la razón por la que no estaban matriculados era por problemas financieros, por lo que el retorno a la presencialidad podría agravar la deserción.
• Los alumnos que estudian de manera virtual y residen en una provincia distinta a la de la sede de la universidad tendrían que trasladarse hacia las ciudades donde están las universidades. La virtualidad en la enseñanza ha traído una serie de ventajas, en particular para aquellos estudiantes que no tienen acceso a una educación de calidad de manera presencial. Hoy pueden recibir un servicio educativo de instituciones de mejor calidad y a un menor costo, pues la familia ahorra el costo de traslado y mantenimiento en otra ciudad. Según la Sunedu, en el 2021, casi 1 de cada 4 estudiantes de universidades públicas y privadas eran migrantes. El retorno a la presencialidad podría afectar la matrícula de estos alumnos, en un entorno de caída de los ingresos reales, donde las familias están más bien reduciendo gastos no alimenticios.

El adelanto de la presencialidad tampoco beneficia a las universidades

• Acortar plazos de adecuación tan repentinamente afecta la planificación de cualquier institución. Las universidades se están preparando para un retorno a la nueva normalidad en enero de 2023 tal como lo estableció Sunedu en noviembre de 2021 y el Minedu en febrero de 2022. Esta nueva norma trastoca los tiempos y procesos ya planificados para una adecuación progresiva que culmine probablemente con nuevas modalidades de licenciamiento semipresencial. La adecuación a un sistema presencial completo a partir de agosto implicará costos adicionales que probablemente se trasladen en mayores costos de matrícula. Además, podría implicar la postergación de inversiones en tecnología por parte de muchas universidades hasta que consigan el licenciamiento en programas semipresenciales o a distancia.
• El retorno anticipado a la presencialidad podría restringir las opciones de docentes e imposibilitar que dicten las clases programadas. Cada semestre se programa con muchos meses de anticipación. Los docentes que no puedan acomodarse al regreso a la presencialidad, por no poder trasladarse o por contar con comorbilidades -este tipo de trabajadores no está obligado a realizar trabajo de manera presencial-, tendrán que ser sustituidos. Así, se pierde la posibilidad de tener al mismo profesor enseñando en regiones distintas. Muchos estudiantes perderían la oportunidad de aprender de profesores especialistas en su campo que no viven en su región. (Apoyo Consultoría)