Según el líder gremial, esta iniciativa —a cargo de Anadarko, Chevron y Westlawn— implicaría inversiones significativas que generarían demanda de bienes y servicios en distintos niveles de la cadena productiva.
“Lo que veremos es la consolidación de nuevas categorías de proveedores”, afirmó.
Nuevas oportunidades en múltiples sectores
El desarrollo del proyecto abriría oportunidades para empresas regionales en áreas clave como:
- Logística portuaria
- Mantenimiento industrial
- Metalmecánica y soldadura especializada
- Control de calidad y seguridad industrial
- Telecomunicaciones
- Alimentación y alojamiento
- Transporte de personal
Asimismo, se prevé crecimiento en servicios más especializados como operadores marítimos, laboratorios ambientales y oceanográficos, firmas de automatización y consultoras en seguridad.
Mayor exigencia técnica y ambiental
Guerra destacó que, al tratarse de exploración en aguas profundas, se requerirán estándares técnicos, ambientales y de seguridad más exigentes, lo que elevará el nivel competitivo de los proveedores locales.
En ese contexto, uno de los principales retos será garantizar que los beneficios económicos del proyecto se traduzcan en desarrollo sostenible para la región.
“El verdadero desafío es asegurar que los recursos generados se conviertan en reducción de brechas y mejora en la calidad de vida de la población”, concluyó.
Este proyecto se perfila así como una oportunidad no solo energética, sino también empresarial, que podría transformar el ecosistema productivo de La Libertad.
]]>El anuncio sobre el posible hallazgo de hidrocarburos en el litoral liberteño abre una nueva etapa de expectativas económicas, señaló el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, al resaltar el potencial transformador de este proyecto en el Producto Bruto Interno (PBI) regional.
El ex funcionario resaltó que este descubrimiento sería un catalizador clave para la diversificación de la economía regional. “Definitivamente, este proyecto representa una oportunidad de carácter estratégico para el norte del país”, sostuvo, al enfatizar que el impacto trascendería el ámbito local para contribuir a la seguridad energética nacional.
De acuerdo con las proyecciones, se tendría una inversión inicial de US$ 100 millones que no sólo impulsaría el sector de hidrocarburos, sino también la creación de empleo e inversión en infraestructura logística. Estos elementos consolidarían a La Libertad como un polo de desarrollo.
“Hemos visto que, con instituciones sólidas, participación ciudadana efectiva y regulación ambiental rigurosa, se pueden convertir estos proyectos en motores de desarrollo. Mi recomendación es que se preserve un diálogo informado y con total transparencia”, añadió Castilla.
Según el ex titular de Economía, La Libertad se posicionaría como una de las regiones líderes en el sector energético, con capacidad de aportar significativamente al crecimiento económico nacional.
Perú es clave
En las últimas dos décadas, el Perú solo sumó la perforación de 112 pozos exploratorios, frente a los 1,288 alcanzados por Colombia. La brecha evidencia el rezago del país. Lo que muestra la urgencia de recuperar competitividad para atraer inversiones y aprovechar los recursos energéticos disponibles, de acuerdo a un informe de Videnza Instituto.
Finalmente, el proyecto en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, no solo dinamizará la economía liberteña, sino que también enviaría una señal positiva al mercado internacional, revirtiendo la tendencia de baja exploración para posicionar nuevamente al Perú en el mapa energético de la región, señaló Castilla.
]]>El ex Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, propuso que, si se logra probar la existencia de petróleo en el lote Z-62, se debería crear un fideicomiso que garantice obras de gran impacto social, sin que eso signifique imponer cargas obligatorias a la empresas operadoras.
La propuesta, inspirada en la experiencia de Noruega, busca asegurar que los recursos que se podrían generar debido al proyecto de hidrocarburos se traduzcan en beneficio tangible para los ciudadanos que viven en la región.
“Este tipo de proyectos no solo generan ingresos fiscales, sino que pueden convertirse en motores de progreso si se administran adecuadamente”, sostuvo el ex funcionario.
García recordó que los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, abarcan una extensión cercana a 1,8 millones de hectáreas en aguas profundas y contienen yacimientos situados a una profundidad aproximada de mil metros.
Los estudios sísmicos 3D realizados en el 2024 vienen siendo procesados y permitirán confirmar la presencia de hidrocarburos, lo que abre la posibilidad de un alto potencial para impulsar el desarrollo económico de la región.
En ese sentido, el ex funcionario del MINEM instó a las entidades gubernamentales a eliminar barreras burocráticas y brinden las facilidades necesarias para continuar siendo un país atractivo para los inversionistas en el sector hidrocarburos.
“Los permisos no pueden demorar demasiado. El país es atractivo, pero lo será aún más si garantiza seguridad, estabilidad y agilidad en los trámites”, sostuvo.
Finalmente, el experto recalcó que la propuesta de fideicomiso representa un paso clave para garantizar beneficios sostenibles en La Libertad. “Nuestra meta debe ser que los recursos naturales no solo se extraigan, sino que se conviertan en oportunidades reales para la gente”, concluyó.
]]>El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que en noviembre de este año se pondrá en marcha un proyecto de US$250 millones en alianza con el Banco Mundial para impulsar la competitividad y sostenibilidad de la minería peruana durante los próximos seis años.
La iniciativa, que el titular del Minem denominó “EMTAL 2.0” en referencia al histórico plan de asistencia técnica minera ejecutado a finales de los 90 e inicios de los 2000, tiene dos ejes centrales: modernizar y agilizar los procesos administrativos para la inversión minera, y promover estándares de sostenibilidad ambiental y social en el sector.
Según Montero, una parte clave de la inversión —US$50 millones— se destinará a la implementación de la Ventanilla Única Digital Minera (BUD), que permitirá integrar tecnológicamente a los ministerios y entidades públicas que participan en el otorgamiento de permisos y licencias.
“Para que funcione, todos los ministerios deben estar en la misma página tecnológica. Vamos a invertir no solo en el Minem, sino también en otras carteras para que podamos interconectarnos de forma efectiva”, explicó en el Simposio Internacional de Innovaciones Tecnológicas Mineras, realizado en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El ministro enmarcó este proyecto en un contexto de oportunidad histórica para el país, debido a la creciente demanda global por minerales críticos necesarios para la transición energética y la electromovilidad. El Perú posee trazas comerciales de 8 de los 17 minerales críticos identificados por organismos internacionales, presentes principalmente en concentrados de cobre, plomo, litio y estaño.
Potencial geológico
Asimismo, Montero remarcó que el país cuenta actualmente con una cartera de 67 proyectos mineros que suman US$64.000 millones en inversión comprometida y que, por los sobrecostos habituales en la industria, podrían alcanzar entre US$80.000 millones y US$85.000 millones en su ejecución final.
“No es una lista antojadiza o mediática, todos los proyectos están en etapas concretas: conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle o ejecución”, señaló.
El titular del Minem destacó también que este año la inversión minera viene creciendo 5% frente al 2024, alcanzando US$1.845 millones entre enero y mayo. En paralelo, las exploraciones sumarán US$1.039 millones, impulsadas principalmente por capitales peruanos, canadienses, brasileños, británicos y chinos.
Finalmente, Montero subrayó que la modernización tecnológica y el impulso a la sostenibilidad son claves para asegurar que la minería mantenga su rol como locomotora económica. “Queremos una minería más competitiva, pero también más sostenible. Este proyecto con el Banco Mundial es una herramienta fundamental para lograrlo”, afirmó.
]]>La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) subrayó la necesidad de que La Libertad cuente con un marco legal que le permita beneficiarse del canon petrolero, en caso de que se confirme la producción futura en los lotes offshore ubicados frente a sus costas.
Así lo señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, quien explicó que, según la legislación vigente, solo se considera regiones productoras y, por tanto, beneficiarias del canon petrolero a aquellas que cuentan con extracción comercial activa de hidrocarburos. De acuerdo con la Ley 24030, este reconocimiento lo tienen Loreto, Ucayali, Tumbes y Piura.
“El canon petrolero es una herramienta clave para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social en las regiones productoras. Este mecanismo ya ha demostrado su impacto positivo en áreas como saneamiento, electrificación rural, construcción de caminos y servicios básicos en otras zonas del país”, comentó el ejecutivo.
Actualmente, La Libertad no percibe canon petrolero debido a la ausencia de producción activa, se abrirán posibilidades de acceder a este beneficio si los proyectos exploratorios en marcha avanzan hacia una etapa productiva, resaltó el líder gremial.
“De confirmarse hallazgos productivos en el litoral norte, será necesario impulsar una modificación legal que incluya a La Libertad entre las regiones beneficiarias del canon. De esa manera, se garantizará que los beneficios de la actividad petrolera se traduzcan en obras concretas para la población local”, señaló el representante de la SPH.
Finalmente, el gremio empresarial resaltó que el principal desafío será asegurar una una gestión eficiente del canon que priorice inversiones sostenibles y generen desarrollo real en la región.
]]>La región La Libertad se encuentra ante una de las oportunidades más relevantes de su historia reciente, la posible confirmación de yacimientos de petróleo en el litoral norte plantea un escenario de crecimiento económico de largo plazo, con proyecciones que podrían extenderse por más de tres décadas.
Así lo indicó el exministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien resaltó la magnitud de los beneficios que este tipo de operación traería consigo para el norte del país.
Según estimaciones preliminares, la existencia confirmada de hidrocarburos permitiría que La Libertad acceda a un canon petrolero superior al que actualmente genera la actividad minera, con efectos directos sobre la inversión pública y el fortalecimiento de la recaudación fiscal local.
“Este tipo de operaciones genera ingresos que pueden destinarse a obras de salud, infraestructura y educación, potenciando el desarrollo social y económico de la región”, señaló Tamayo.
Prometedor potencial energético
Asimismo, el exministro recordó que los contratos petroleros suelen tener una vigencia de 30 años, y en algunos casos se extienden hasta 40, como sucede con la operación de gas en el sur del país. Ello garantizaría una fuente constante y sólida de recursos para La Libertad durante varias décadas, con la posibilidad de convertirla en un nuevo polo energético nacional.
Este proyecto, ubicado frente al litoral de La Libertad, ha completado estudios avanzados en zonas profundas del mar y se prepara para una fase clave de perforación exploratoria. De confirmarse la presencia de crudo, la región se posicionaría como un actor estratégico dentro del mapa energético del país, con beneficios que podrían extenderse más allá de una generación.
]]>Mientras el 82% denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales. Asocian a esta actividad al lavado de dinero, crimen organizado, trata de personas y contrabando.
Los mineros ilegales —dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales— tienen una bancada multipartidaria en el Congreso. Se trata de un grupo de congresistas que defienden esta actividad ilícita e impulsan normas que la favorecen.
Tienen también influencias en el gobierno de Dina Boluarte, que recientemente convirtió el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en un documento hereditario, amplió su vigencia hasta diciembre de este año y trabaja una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), podría convertirse en una extensión del Reinfo.
No solo eso. Muchos mineros ilegales e informales, según recientes investigaciones, son militantes de partidos como Alianza Para el Progreso (APP), cuyo militante y presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue defensor de mineros ilegales, así como de Somos Perú, Podemos Perú, Camino Diferente, Bicentenario La Libertad, entre otros.
Según un estudio de diciembre del año pasado de IPSOS para el Colectivo PAS, 7 de cada 10 peruanos creen que los recursos de esta actividad ilícita financiarán la próxima campaña electoral, mientras el 82 % denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales.
Para los encuestados, la minería ilegal es un poder paralelo: el 81 % la asocia al lavado de dinero, al crimen organizado (77 %), a la trata de personas (76 %) y al contrabando (75 %).
Asimismo, el 63 % teme que el país termine controlado por sus mafias. Lima y el oriente del país son las zonas donde más se percibe esta infiltración, con redes que compran silencios e impunidad, mientras que el 76 % de los encuestados asegura que esta actividad incrementó la inseguridad en sus regiones y financia a redes de sicariato, extorsiones o corrupción.
Esta información del estudio, sumada a los últimos hechos de violencia, como el secuestro y ejecución de 13 personas en Pataz, La Libertad, constituye una advertencia de que la minería ilegal no es solo un problema ambiental y de inseguridad, sino una amenaza para la democracia.
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]]>De acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos, 81 de cada 100 peruanos (81 %) considera que la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Solo el 15 % cree que esa actividad ilícita no representa un peligro para el país. Asimismo, el 81 % pidió reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un sistema de control más eficaz.
Mientras tanto, el 43 % de la población opinó que el trabajo minero debe continuar, pero con mayor seguridad; y el 28 % consideró que solo las mineras formales deben seguir operando, mientras que la actividad minera informal debe suspenderse.
El mismo estudio de Ipsos revela un tercio de los peruanos (31 %) considera que los mineros ilegales son los principales responsables de la masacre en Pataz, solo por debajo de quienes señalan al gobierno nacional (47 %) y por encima del Congreso (30 %).
En ese marco, ayer, precisamente, se realizó el paro nacional contra la inseguridad ciudadana, convocado por organizaciones sociales y gremios, quienes expresaron su rechazo a las políticas gubernamentales y exigieron soluciones efectivas contra el crimen organizado que mata todos los días.
En Trujillo, docentes afiliados al Sutep La Libertad se plegaron a la marcha para exigir al Gobierno medidas efectivas contra la inseguridad que afecta gravemente a los docentes en la región. Los maestros se movilizaron en la Plaza de Armas de Trujillo como medida de protesta ante el avance de la delincuencia. Sergio Pinedo, secretario regional del SUTEP en La Libertad, alertó que este fenómeno criminal afecta a todos. “Hasta los profesores nos vemos obligados a pagar cupo”, alertó.
El rector de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Hermes Sifuentes, anunció que los estudiantes de esta casa superior de estudios se movilizarán este viernes a las 4:30 p. m. desde la Puerta 1 de la Universidad Nacional de Trujillo hacia la plaza Mayor, en una protesta masiva para exigir medidas frente a la creciente violencia en la ciudad. “Estamos en defensa de la paz y la no violencia”, remarcó la autoridad.
El paro se desarrolló después de que, en la víspera, renunciara Gustavo Adrianzén a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a sus desaciertos en materia de seguridad ciudadana y por haber minimizado el secuestro de 13 trabajadores en Pataz, que luego fueron ejecutados en una mina de socavón.
]]>Advirtió también de posibles desastres operativos y el avance de grupos ilegales en las zonas paralizadas.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cuestionó que el gobierno, como parte de las medidas para garantizar el estado de derecho, haya suspendido por 30 días todas las actividades mineras, incluida la minería formal, en los distritos de Pataz, Palcoy y Tayabamba (región de La Libertad).
La medida, según el gremio, afectará la economía, la seguridad operativa y miles de empleos, sin resolver el problema de la minería ilegal. Con ello, las empresas formales se convierten en víctimas de la minería ilegal y de la inacción estatal, que no ha sabido enfrentar esta actividad ilícita.
Aunque el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, afirmó que la medida no afectará a las empresas formales, aún no se ha publicado la normativa correspondiente.
De acuerdo con el gremio empresarial, la paralización generará pérdidas mensuales de 25 millones de soles por canon y regalías para La Libertad. Esta región aporta el 33 % del oro nacional. Asimismo, las exportaciones perderán más de 80 millones de dólares al mes, y más de 4,000 trabajadores directos e indirectos dejarán de trabajar con la implementación de la suspensión de labores. Esto no solo les impedirá recibir sueldos, sino que provocará la ruptura de la cadena de pago a contratistas, pequeños negocios y comunidades locales.
Detener abruptamente las operaciones formales, según la Sociedad, pone en peligro infraestructuras críticas, como presas de relaves, que requieren monitoreo constante. «Una unidad minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Sin mencionar otros riesgos, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que controla estos sistemas de bombeo», precisó.
No solo eso: la medida facilitará que grupos ilegales tomen el control de galerías mineras de las empresas formales.
Asimismo, observó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por su poca capacidad para gestionar la formalización minera, y al Congreso por promover normas que encubren actividades ilegales, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha servido para encubrir las actividades de los mineros ilegales.
Además, demandó al gobierno nacional a distinguir entre minería legal e ilegal, ya que las operaciones formales están georreferenciadas y dispuestas a colaborar con las autoridades. Entonces, paralizar lo formal no combate la ilegalidad; solo agrava la crisis.
]]>El cruel asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, a manos de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ha encendido una nueva alerta sobre la creciente violencia que azota las zonas auríferas del país.
En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un pronunciamiento en el que condena los hechos, exige justicia, y demanda al Gobierno la urgente aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal, más allá de medidas paliativas como el Estado de Emergencia.
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento del gremio empresarial se dirige al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya última ampliación fue duramente cuestionada por el Tribunal Constitucional. Para la SNMPE, este registro “ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales”.
En ese sentido, la organización exhorta al Congreso y al Gobierno a poner fin a las sucesivas ampliaciones del Reinfo, que solo han contribuido a alargar una transición que no ha funcionado y que ha permitido que mafias se camuflen bajo el rótulo de «en proceso de formalización».
“Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las 13 víctimas de esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal. Demandamos que sus autores sean identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, sostuvo el gremio, que agrupa a las principales empresas del sector extractivo formal del país.
Para la SNMPE, lo ocurrido en Pataz —donde los trabajadores fueron secuestrados y posteriormente ejecutados— no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un fenómeno más amplio: el avance descontrolado de las economías ilegales que “buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada”.
La organización ha sido clara en advertir que la falta de un Plan Nacional contra la Minería Ilegal, debidamente aprobado y con presupuesto asignado, ha convertido al Estado en un actor pasivo frente al crimen organizado.
“No basta con declaratorias de emergencia. En Pataz, ha quedado demostrado que no son efectivas si no se acompañan de acciones reales, sostenidas y estructurales”, señala el comunicado.
La SNMPE ha solicitado que la Policía Nacional potencie sus labores de inteligencia y que se articulen estrategias para desarticular las redes criminales que operan con impunidad en regiones como La Libertad, Madre de Dios y otras zonas afectadas por la minería ilegal.
A la par, propone un enfoque multisectorial desde el Ejecutivo con un marco normativo moderno y políticas públicas claras, que fortalezcan las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras. En concreto, apunta a la necesidad de establecer mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.
El comunicado finaliza con un mensaje enfático dirigido a toda la ciudadanía: la lucha contra la minería ilegal es, ante todo, una lucha por la vida. “No se puede claudicar en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de quienes trabajan de forma honesta por el desarrollo del país”, concluye.
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